Un total de 74 familias de la comunidad indígena Wiwa se beneficiaron con el proyecto que busca la consolidación de iniciativas productivas, en el marco del proyecto de cofinanciación que desarrolla la Unidad para las Víctimas con los entes territoriales.
El Proyecto “Fortalecimiento a la reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado para la atención de 600 familias en los municipios de Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla (La Guajira)”, se enmarca en la iniciativa de cofinanciación que adelanta la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con diferentes entes territoriales en el país, y que en esta ocasión, se celebró con la Gobernación de La Guajira, las alcaldías de Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Universidad de la Guajira como operador y contó con una bolsa de más de 4.600 millones de pesos.
Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas, resaltó la importancia del proyecto y sostuvo que “es un ejemplo de cómo estamos llegando de manera articulada a las regiones más necesitadas del país, promoviendo una verdadera reparación integral a las víctimas, a partir de una perspectiva de reconocimiento y garantía de sus derechos, no solo en materia de recursos, sino que nuestro trabajo busca fortalecer las comunidades, generar procesos y así, apostarle a una reparación integral que dé cuenta de las necesidades de la población, desde su realidad”.
Por su parte, Luis Pablo de Armas, funcionario de la Gobernación de la Guajira, señaló que “este tipo de eventos de terminación de un proceso, también marcan el inicio de un nuevo ciclo, que arranca al verlos consolidar sus unidades productivas, sus planes de negocio y especial mente su proceso de reparación. Hoy como Estado estamos haciendo un reconocimiento al cual ojalá no hubiéramos tenido necesidad de llegar. Pero igual mantenemos el compromiso de apoyar a todas las comunidades del departamento”.
Para el caso concreto de la comunidad Wiwa, se han beneficiado con este convenio a 74 familias de las veredas El Limón y La Laguna con un componente de generación de ingresos que implicó la organización de planes de negocio de tipo asociativo con un presupuesto de cerca de 163 millones de pesos para adquirir ganado para levante. Además, como parte del componente de atención psicosocial, se concertó con la comunidad la realización de confesiones y pagamentos, respetando sus usos y costumbres.
En palabras de Segundo Lorenzo Mejía, mayor de la comunidad Wiwa, “el pagamento se hace en los sitios sagrados para hacer limpieza, es donde se confiesa lo malo y lo bueno, se cometen errores que deben ser saneados. Se hace el pagamento para las vaquitas que nos van a entregar, para las mejoras de vivienda, para la carretera, para los servicios que nos va a servir el gobierno. Hacemos esa limpieza anticipada para que no haya peligro en el camino, que los animales no tengan problemas, para que usted mismo no corra peligro mientras viene acá”.
Entre 2002 y 2005 la comunidad Wiwa fue víctima de diversos hechos victimizantes por parte de los grupos armados ilegales tales como homicidio, desaparición, tortura y desplazamiento que fueron reconocidos por Hernán Giraldo en el marco del proceso de Justicia y Paz con grupos de autodefensa.
Por su parte, Carlos Antonio Loperena, líder de la comunidad indicó que “el conflicto armado es lo peor del ser humano, vivir lo que vivió el pueblo Wiwa no le debe pasar a nadie. Nosotros miramos que esta es una oportunidad que nos están brindando para generar ingresos para que pueda sobrevivir nuestra comunidad, pensamos con esas vacas continuar con nuestro plan de vida. Cuando nosotros nos fuimos de acá teníamos y ahora se presenta la oportunidad de tener animales nuevamente". "Sé que nuestra vida va a cambiar con la leche, la carne y el queso”, aseguró.
Desde finales del 2012 la Unidad para las Víctimas trabaja con la comunidad indígena Wiwa a través de actividades de acercamiento, procesos pedagógicos para el conocimiento de la ley y las posibilidades que les ofrece, ejercicios para la reconstrucción de la memoria histórica y la socialización del protocolo de retornos y reubicaciones, concertando acciones para el logro de mínimos vitales y trabajando con otras entidades en el concepto de seguridad para la aprobación del retorno en el Comité Territorial de Justicia Transicional del Municipio de Riohacha.
Igualmente, se viene adelantando el proceso de retorno con la comunidad, quien en un principio regresó sin el acompañamiento del Estado colombiano. A partir de hace 2 años se vienen concertando acciones para el logro de mínimos vitales, así como del concepto de seguridad para la aprobación en Comité de Justicia Transicional del municipio de Riohacha.
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